Migración en Chile, la deuda del Estado

Migración en Chile, la deuda del Estado

Chile es un país de inmigración sin política migratoria. Según las estimaciones oficiales, residen en el país más de 600.000 ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales llegó al país después de 1995. El retraso con que ha reaccionado el Estado chileno frente a este proceso de cambio social ha contribuido a perpetuar una vulneración sistemática de derechos en esta población. Y por ahora, a más de 20 años de iniciado el actual ciclo migratorio, en Chile el Estado sigue sin mostrar una reacción clara frente a una situación de injusticia y precarización de la vida de estas personas.

El observatorio de políticas migratorias que hemos venido desarrollando en el Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos, ha evidenciado que la indiferencia mostrada por el nivel central, tiene un contrapeso en las iniciativas de los municipios. Desde 1990 a la fecha, en la Provincia de Santiago, se han impulsado 410 acciones municipales dirigidas explícitamente a la población migrante, las que van desde la conmemoración de alguna festividad, a campañas de divulgación de derechos o intervenciones directas en servicios públicos. No es mucho pero es algo.

Hemos visto, además, que en 13 de los 32 municipios que integran esta provincia no se ha ejecutado ninguna acción en este sentido. Esos mismos 13 municipios concentran a casi el 30% de la población migrante de Santiago. En sentido contrario, 4 gobiernos locales han llevado a cabo en torno al 60% de las acciones orientadas a población migrante: Santiago, Quilicura, Recoleta e Independencia. Ahora bien, y más allá del impacto, ciertamente disímil de esas acciones, en la vida de los migrantes, todas tienen en común el haber surgido de iniciativas particulares de funcionarios o autoridades sensibles con el tema. Vale decir, son acciones aisladas, muchas de ellas fragmentadas y, salvo por contadas excepciones, carentes de un diseño estratégico fundamentado y de definiciones políticas u objetivos claros. Aquí impera una intuición fundamentada en el contacto de la institución con la población migrante. Aun así, la política migratoria existe mientras viva el funcionario. Si este muere o se enferma, muere la política.

Si a nivel local predomina la intuición, en el nivel central ha gobernado la desorientación alimentada por la falta de información y conocimiento de la realidad de los migrantes. Si bien en el último tiempo ha habido indicios de una voluntad para avanzar en este tema, las acciones han sido muy insuficientes.  El gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para reformar la normativa vigente desde el año 1975. Independiente de lo deficiente que es este proyecto, devela a lo menos la existencia de una voluntad. Durante la actual administración, la estrategia ha estado basada en decisiones administrativas tomadas principalmente por del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, que han buscado poner parches a la crisis de reconocimiento que afecta a los migrantes. Si bien estas medidas han contribuido a ampliar los derechos de los migrantes, como ocurre con toda política basada en el principio de ir parchando los huecos, su inconsistencia y sobre todo la ausencia de orientaciones generales impiden su proyección en el tiempo.

 

 Es necesario separar el acceso a derechos de los migrantes de su condición laboral. La ciudadanía de los chilenos no está sujeta a su condición de trabajadores. De ser así, un chileno que pierde el empleo tendría que perder los derechos sociales o políticos. A no ser que el Estado decida abrazar el principio del ius laborans como fundamento de la ciudadanía, la condición de ciudadano de los migrantes debiera estar garantizada más allá de su situación ocupacional.

Las dos principales acciones que ha impulsado el gobierno el último año ponen en evidencia esta desorientación. La primera medida tomada por el Departamento de Extranjería y Migración consistió en implementar una nueva visa temporal por motivos laborales a la que puede acceder cualquier migrante que posea un contrato de trabajo. Esto en la práctica neutralizó los dos principales motivos de vulneración de derechos de los trabajadores migrantes: la visa sujeta a contrato y la irregularidad administrativa (ilegalidad, le dicen algunos). La visa sujeta a contrato obliga a todo trabajador migrante recién llegado, a mantener una relación contractual exclusivamente con un empleador por un periodo de un año. Si el trabajador pierde el contrato pierde el permiso de residencia, si el empleador decide poner fin al contrato el día antes de que se cumpla el año, el contador vuelve al inicio y el año empieza a correr nuevamente desde cero. La nueva visa implementada le permite a los migrantes cambiar de empleo y por tanto dejar esta condición de semi-esclavitud a la que los sometía la visa sujeta a contrato. Por otra parte, todos aquellos migrantes que se encuentren en situación de irregularidad, pueden regularizar su situación con un contrato de trabajo. En la práctica la nueva visa opera, sorpresa, como un proceso de regularización migratoria de trabajadores (“amnistía migratoria” lo llamaron hace algunos años). Esta medida, si bien es un parche, ha tenido y seguirá teniendo un efecto positivo en el acceso a derechos de los migrantes.

La segunda acción importante impulsada por el gobierno, igual de bien intencionada pero de efectos cuestionables desde el punto de vista de la justicia, consistió en acelerar la aplicación de la circular 1174 de 2003 que hace posible la regularización de los niños migrantes matriculados en colegios. De este modo, los escolares migrantes que se encuentren en situación irregular pueden acceder a una visa de estudiantes. ¿Dónde está el problema? En la implementación, puesto que se está llevando a cabo a través de convenios entre el ministerio del interior y los municipios, y no a través de los gobiernos regionales, como señala la propia circular. A la fecha, solo la municipalidad de Santiago ha firmado el convenio, lo  cual es una muy buena noticia para los niños migrantes que residen en la comuna, pero no todavía, y no sabemos si lo será para los que residen en Recoleta, Independencia, Quilicura, La Pintana y todos los municipios que no han llegado a firmar el convenio. Si la voluntad de las autoridades es corregir la situación de ciudadanía precaria en la que se encuentran los miles de niños migrantes, ¿por qué no convertir esa voluntad en políticas eficaces y sostenibles en el tiempo? Mi impresión es que falta orientación política y conocimiento sustantivo de la realidad migratoria.

Frente a este panorama, quienes llevamos años estudiando los procesos de incorporación de los migrantes a las sociedades de destino, lo mismo que quienes trabajan con población migrante desde la sociedad civil, debemos asumir la responsabilidad primero de ilustrar los problemas que se están generando y luego poner en discusión las orientaciones básicas para fundamentar una política migratoria basada en la justicia y orientada a la ampliación de derechos. En esta senda me permito enunciar algunos ejes que las autoridades debieran someter a consideración.

Primero, c De otro modo, el reconocimiento de derechos quedará sujeto a las oscilaciones del mercado y la política migratoria a las necesidades de la economía. Si ese es el camino, asumamos desde el principio que los migrantes no tendrán nunca acceso a la ciudadanía.

Segundo, el estado debe definir una trayectoria simple, segura e invariable para que todo migrante pueda llegar en el mediano plazo a una ciudadanía plena y acceder a la nacionalidad. En este sentido, lo recomendable es acotar el número de visados en lugar de multiplicarlos. La multiplicidad de visados no es recomendable pues genera condiciones desiguales en el acceso a los derechos no solo entre migrantes y nativos sino entre los mismos migrantes, lo que es en sí cuestionable, pero además produce una carga adicional en el proceso de adaptación de las instituciones y servicios públicos a la presencia de los migrantes. Pero además, pretender inscribir en una normativa, la infinidad de motivos por los cuales una persona decide migrar a otro país es una utopía que desconoce entre otras cosas, que los motivos de los migrantes no permanecen inalterables en el tiempo y que cambian su sentido y se adaptan a las condiciones emergentes del contexto.

En este sentido, lo recomendable es que la normativa de visados se organice en un modelo simple basado en tres etapas: una fase inicial provisoria de en torno al año de duración, que permita a ciudadanos extranjeros venir a buscar trabajo, o desarrollar alguna otra actividad legal como estudiar emprender un negocio, etc. Independiente de la actividad que se proponga realizar el migrante en Chile, en esta etapa debiera garantizarse el acceso igualitario a todos los derechos sociales, culturales, económicos y civiles.  La necesidad de regular esta etapa está dada por el hecho, muy estudiado en la bibliografía que todo proyecto migratorio, independiente de su objetivo original pasa por una etapa de asentamiento orientado a la búsqueda y la adaptación. Garantizar los derechos básicos en esta es esencial para limitar la exposición a vulneraciones a la que están sometidos los migrantes en ella. Una segunda etapa debiera garantizar la regulación y protección de los derechos de aquellos migrantes que deciden permanecer en el país por un periodo mayor al inicial. Cuando los proyectos migratorios se establizan buscan re-agrupar a su familia, acceder a una mejor vivienda, insertarse en las redes locales y participar en las dinámicas sociopolíticas de la sociedad. Para ello es esencial que el Estado reconozca el derecho a participar en instancias políticas como las elecciones municipales o sub-nacionales. Una tercera fase del asentamiento de los migrantes debiera igualar el acceso pleno a la ciudadanía. Basta con esta estructura básica, que no debiera superar los tres años para asegurar trayectorias claras orientadas a la ampliación de derechos y al fortalecimiento de los mecanismos institucionales de inclusión social.

Tercero, debe suprimirse toda discriminación institucional hacia los migrantes, y cualquier diferencia en el acceso a derechos que no esté definida en la tipificación de los visados. Está demostrado que cuando la discriminación está contenida en la normativa, se intensifica la discriminación y la vulneración de derechos  en las relaciones  sociales. Un ejemplo de este tipo de discriminación lo encontramos en el artículo 19 del código del trabajo que impide a una empresa contar con más de un 15% de trabajadores migrantes. El incentivo aquí está puesto en que las empresas superen ese límite empleando informalmente a trabajadores migrantes. Otro ejemplo, de discriminación institucional lo encontramos en la definición de los programas sociales que se orientan a “ciudadanos chilenos”, excluyendo por principio a los migrantes independiente de su situación administrativa..

Hoy se vive un momento clave para el futuro de los migrantes en Chile. El próximo año hay elecciones municipales y todos sabemos que es  inconducente discutir temas migratorios en año electoral. El motivo es simple, los migrantes son un buen chivo expiatorio para captar votos durante las campañas, y en cualquier caso un impopular aliado para los candidatos. Por tanto es ahora cuando el gobierno tiene que actuar. Si bien lo fundamental es definir lineamientos políticos claros y consistentes, lo que más apremia es presentar en el curso del semestre y poner urgencia al nuevo proyecto de ley de migraciones. Este es, por lo demás,  el compromiso asumido por el Departamento de Extranjería y Migración de Ministerio del Interior con la sociedad civil a la que ha convocado a debatir sobre la nueva legislación.  Si no se avanza con este primer paso, no solo se faltará a ese compromiso, sino además la deuda de justicia que ha contraído este país con los migrantes seguirá incrementándose.

 

Fuente: elmostrador.cl